El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y poner bajo control federal la policía de Washington D.C. Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo por reducir la criminalidad y lo que él ha calificado de “desorden” en las calles de la ciudad. En un anuncio realizado el lunes, Trump aseguró que tomará “medidas drásticas” para enfrentar lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, apuntando especialmente a la creciente presencia de personas sin hogar en la vía pública.
El jefe de estado defendió su decisión al afirmar que la ciudad enfrenta un nivel descontrolado de criminalidad, señalando en particular crímenes como robos, balaceras y asesinatos. Según el líder, Washington D.C. tiene una cantidad de homicidios mayor que algunos de los «peores lugares del mundo», a pesar de las estadísticas que indican una disminución de los delitos violentos en la capital. Los datos de la policía local muestran un descenso del 26% en los crímenes violentos y una disminución del 12% en los asesinatos, lo cual contrasta con las afirmaciones del líder.
Supervisión federal en las fuerzas policiales y las iniciativas de seguridad pública
En el conjunto de medidas anunciadas, Trump subrayó que la administración federal se hará cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi. Además, se movilizarán más oficiales de policía, del FBI y de otras fuerzas federales para controlar las calles y “erradicar a las pandillas delictivas”. Trump también expresó la intención de desalojar a las personas sin hogar de los espacios públicos, llevando a cabo lo que él llamó una “limpieza” de los “barrios pobres” de la ciudad.
Entiendo que no sea del todo aceptable, pero procederemos a erradicar las áreas desfavorecidas donde residen. No permitiremos que la ciudad continúe siendo un sitio donde los infractores y las personas sin hogar sean un peso sobre nuestros ciudadanos”, expresó el presidente. Estas palabras han provocado una respuesta contundente, especialmente de parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien respaldó los esfuerzos locales para disminuir la delincuencia y reprobó la postura de Trump, calificando sus comentarios de incorrectos.
La situación de las personas sin hogar en Washington D.C.
De acuerdo con Community Partnership, una organización que apoya a personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 individuos sin hogar en Washington D.C., de los cuales alrededor de 800 residen en la calle. En años recientes, la ciudad ha lanzado varias iniciativas para disminuir este número, pero el problema de la falta de vivienda sigue presente. A pesar de las críticas hacia la gestión de Bowser, los registros oficiales de la ciudad muestran un progreso en la reducción de los delitos violentos, con una disminución importante en robos y agresiones.
El enfoque de Trump, sin embargo, no ha sido bien recibido por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por las personas sin hogar. Al tratar de “limpiar” las calles, los críticos señalan que el presidente está criminalizando la pobreza y las condiciones de vida difíciles, sin abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda o la violencia.
Conflictos políticos y la legislación sobre la autoridad presidencial
El movimiento de Trump posee un significativo elemento político, considerando que Washington D.C. no cuenta con el mismo nivel de representación que los estados, lo cual habilita al presidente para hacer elecciones federales de control en la capital. Mediante la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la facultad de involucrarse en la gestión policial de la ciudad en circunstancias de “emergencia”. No obstante, toda acción que se extienda más de 48 horas debe comunicarse al Congreso y no puede continuar más de 30 días sin su consentimiento.
Este es un punto delicado en la relación entre la administración federal y el gobierno local, ya que Bowser ha insistido en que la policía de Washington D.C. tiene la capacidad de manejar la situación sin intervención federal. La disputa sobre el control de la policía metropolitana refleja una creciente división entre los gobiernos locales y la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump.
Un enfoque polémico y sus implicaciones
El despliegue de la Guardia Nacional y el control federal sobre la policía de la ciudad marcan un giro significativo en las políticas de seguridad pública, que contrastan con las políticas implementadas por gobiernos locales y estatales en otras partes del país. Aunque la criminalidad sigue siendo una preocupación legítima en muchas ciudades, el enfoque de Trump de aumentar la presencia militar y federal en las calles podría generar más tensiones con las autoridades locales y con las comunidades afectadas.
Los detractores del mandatario han subrayado la paradoja de su sugerencia de emplear a las fuerzas armadas en la ciudad, considerando la polémica por la inacción de su gobierno durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios asaltaron el Capitolio. Esta inconsistencia ha intensificado la discusión sobre el uso correcto de la fuerza federal y cómo la administración enfrenta las tensiones políticas y sociales en el país.
En última instancia, la decisión de Trump de intervenir directamente en Washington D.C. representa un caso complejo de gobierno federal frente a la autonomía local, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos civiles y el tratamiento de las personas más vulnerables en la sociedad.
