La salvaguardia de la biodiversidad requiere un conjunto extenso y articulado de acciones públicas, y las administraciones —en los niveles nacional, regional y local— emplean herramientas jurídicas, económicas, científicas y participativas para preservar especies, ecosistemas y funciones ecológicas fundamentales.
1. Marcos legales y compromisos internacionales
Los marcos jurídicos nacionales y los acuerdos internacionales fijan obligaciones y metas. Entre las iniciativas globales se destacan el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Global de la Biodiversidad de Kunming–Montreal, que establecen metas como proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y marinas para 2030 (conocido como el objetivo 30 % o «30/30»). Antes de 2020 hubo objetivos como los Objetivos de Aichi (meta 11: 17 % de áreas terrestres y 10 % de áreas marinas), que orientaron políticas nacionales.
A nivel regional y nacional, leyes de protección, normas sobre impacto ambiental, regulación de especies amenazadas y códigos forestales delimitan responsabilidades. Ejemplos: la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves en la Unión Europea, la Ley de Patrimonio Natural y la biodiversidad en varios países, y leyes nacionales de áreas protegidas que definen figuras legales para reservas, parques nacionales y reservas de la biosfera.
2. Creación y fortalecimiento de áreas protegidas y corredores ecológicos
Una acción fundamental consiste en declarar áreas terrestres y marinas bajo protección, como parques nacionales, reservas naturales, sitios RAMSAR, reservas de biosfera de UNESCO y áreas marinas protegidas (AMP). Junto con la expansión de estos espacios, hoy se prioriza incorporar conectividad a través de corredores biológicos, lo que favorece el flujo genético y los desplazamientos estacionales.
Ejemplos y datos:
- El movimiento global hacia el objetivo 30 % para 2030 ha impulsado designaciones nuevas y ampliaciones de AMP en varios países.
- La creación del sistema de áreas puede combinar protección estricta y zonas de uso sostenible para compatibilizar conservación y necesidades locales.
3. Iniciativas nacionales de reforestación y recuperación ecológica
La restauración de ecosistemas deteriorados se ha vuelto una prioridad, y hoy se impulsan acciones que abarcan la reforestación, la revitalización de humedales, la recuperación de pastizales y la rehabilitación de arrecifes, mientras instrumentos internacionales como el Reto de Bonn respaldan objetivos de reforestación aún más ambiciosos.
Casos representativos:
- Programas de restauración forestal financiados públicamente o mediante alianzas público-privadas y mecanismos de financiamiento climático.
- Integración de la restauración en planes nacionales de biodiversidad y contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) relacionadas con el clima.
4. Instrumentos económicos: subsidios, pagos por servicios ambientales y compensaciones
Los gobiernos recurren a diversos incentivos económicos para sincronizar los intereses privados con la protección del entorno:
- Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE): transferencias otorgadas a comunidades o propietarios que preservan bosques, salvaguardan cuencas o sostienen la biodiversidad. Costa Rica destaca como un caso ejemplar tras décadas aplicando PSE que favorecieron la recuperación de su cobertura forestal.
- Eliminación o reasignación de subsidios perjudiciales (como los dirigidos a combustibles fósiles o a prácticas agrícolas intensivas) junto con la creación de incentivos orientados a métodos productivos sostenibles.
- Compensaciones y offsets, que exigen proteger o restaurar zonas equivalentes cuando un proyecto ocasiona deterioro de la biodiversidad, una medida debatida por su efectividad.
- Intervenciones financieras innovadoras: swaps de deuda por naturaleza (debt-for-nature), bonos verdes o “blue bonds” destinados a respaldar la conservación marina (por ejemplo, acuerdos de financiación oceánica en pequeños estados insulares).
5. Gobernanza inclusiva: derechos de comunidades e indígenas
Reconocer y consolidar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales resulta una acción altamente efectiva, ya que numerosos territorios con mayor biodiversidad se superponen con zonas indígenas. Los gobiernos integran:
- El reconocimiento jurídico de sus tierras.
- La coadministración de espacios protegidos.
- Procedimientos de consulta previa, libre e informada.
- Iniciativas de apoyo a prácticas tradicionales y a guardaparques comunitarios.
Esto disminuye las disputas, favorece el acatamiento y salvaguarda los saberes tradicionales esenciales para la conservación.
6. Manejo sostenible de sectores clave (agricultura, pesca, silvicultura)
La integración de la biodiversidad en diversas políticas sectoriales contribuye a frenar la pérdida causada por la conversión de ecosistemas y la explotación excesiva:
- Agricultura: se impulsa una producción agrícola sostenible mediante prácticas como la agroforestería, la rotación de cultivos, la creación de corredores agroecológicos y la disminución del uso de agroquímicos a través de incentivos y regulaciones.
- Pesca: se aplican cuotas sustentadas en evidencia científica, tamaños mínimos permitidos, temporadas de veda, zonas prohibidas para la extracción y medidas para reducir la captura incidental mediante tecnologías más selectivas.
- Silvicultura: se promueve un manejo forestal sostenible con certificaciones como FSC u otras normas equivalentes, además de establecer restricciones a la conversión de bosques naturales.
7. Gestión de especies invasoras, además del control de plagas y enfermedades
Los gobiernos aplican diversas medidas de bioseguridad destinadas a impedir nuevas introducciones, respaldar programas de erradicación o control (ya sea biológico, químico o mecánico) y fortalecer la vigilancia epidemiológica. La prevención en puertos, aeropuertos y demás puntos de acceso resulta esencial para evitar el colapso de la biodiversidad a nivel local.
8. Evaluaciones de impacto y ordenamiento territorial
Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y los estudios estratégicos permiten valorar efectos sobre biodiversidad antes de aprobar proyectos. El ordenamiento territorial y planificación del uso del suelo integran zonas de conservación, corredores, usos agrícolas y urbanos para minimizar fragmentación y conflictos.
9. Ciencia, monitoreo y tecnologías de vigilancia
La toma de decisiones se apoya en monitoreo riguroso:
- Monitoreo por satélite y teledetección para deforestación y cambios de uso del suelo (ejemplos: INPE/PRODES en Brasil).
- eDNA, cámaras trampa, sensores acústicos y drones para inventarios de especies y detección temprana de cambios.
- Plataformas de datos abiertos y ciencia ciudadana que proporcionan gran volumen de observaciones.
- Indicadores de biodiversidad, contabilidad del capital natural y seguimiento de metas internacionales.
10. Educación, comunicación y participación pública
Programas educativos, campañas de concienciación y la inclusión de la sociedad civil y el sector privado generan apoyo social y mejores prácticas. La educación ambiental en escuelas, formación para guardaparques y capacitación para comunidades productoras son componentes frecuentes.
11. Mecanismos financieros y cooperación internacional
La limitación de la financiación pública conduce a iniciativas como:
- El aprovechamiento de recursos climáticos a escala internacional, entre ellos el Fondo Verde para el Clima y diversos fondos multilaterales centrados en la biodiversidad.
- La creación de alianzas público-privadas junto con aportes filantrópicos.
- El uso de mecanismos de mercado, desde créditos de biodiversidad hasta esquemas voluntarios, los cuales precisan estándares sólidos que impidan cualquier forma de lavado ecológico.
- La colaboración entre países para gestionar especies migratorias y administrar cuencas que comparten límites.
Ejemplos destacados de casos de estudio
Costa Rica: El Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSE), vigente desde los años 90, junto con políticas integrales de conservación y ecoturismo, impulsó un marcado incremento en la cobertura forestal y la restauración de diversos servicios ecosistémicos. El papel otorgado a las comunidades y la ampliación de las actividades económicas resultaron decisivos.
Brasil: Gracias al uso de sistemas de monitoreo satelital como PRODES e INPE, la deforestación amazónica disminuyó de forma notable durante la década de 2000–2010 mediante acciones de control y penalizaciones; no obstante, las cifras han fluctuado según las políticas aplicadas y el nivel de cumplimiento, lo que demuestra la importancia de mantener instituciones sólidas.
Pequeños Estados Insulares (por ejemplo, Seychelles): aplicación creativa de canjes de deuda orientados a la conservación y de bonos azules destinados a respaldar zonas marinas protegidas y fortalecer la resiliencia costera, integrando soluciones financieras con la preservación del entorno oceánico.
Unión Europea: La red de conservación Natura 2000, sustentada en las Directivas de Aves y Hábitats, junto con políticas comunes como la PAC que avanzan en la adecuación de sus subsidios agrícolas a metas de biodiversidad, además del Reglamento Europeo que exige cadenas de suministro libres de deforestación para las importaciones.
Retos e interferencias comunes
- Aunque hay una gran variedad de medidas disponibles, su puesta en práctica suele toparse con desafíos persistentes, como la falta de financiamiento estable y la fuerte dependencia de iniciativas de corta duración.
- La coordinación entre instituciones continúa siendo limitada, y las normas de ministerios como agricultura, ambiente y energía tienden a superponerse.
- Las presiones derivadas de la expansión agrícola, la minería, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento urbano siguen intensificándose.
- El cambio climático modifica la distribución de numerosas especies y reduce la efectividad de áreas protegidas que permanecen estáticas.
- Persisten conflictos por el uso del suelo y fallas en la garantía de los derechos de comunidades indígenas y locales.
- En varios países con menor inversión científica, aún se requieren datos más completos y mayores capacidades técnicas.
Recomendaciones tácticas sustentadas en pruebas
Políticas públicas con mayor probabilidad de éxito combinan:
- Integración de la biodiversidad en políticas sectoriales (agricultura, energía, transporte) y en presupuestos nacionales.
- Aumento y diversificación de financiamiento, incluyendo instrumentos innovadores y mecanismos de mercado regulados.
- Fortalecimiento de la gobernanza local, reconocimiento de derechos territoriales y co-gestión.
- Inversión sostenida en ciencia aplicada y monitoreo continuo con tecnologías modernas y participación ciudadana.
- Eliminación gradual de subsidios perjudiciales y promoción de incentivos verdes.
- Enfoques adaptativos que incorporen la incertidumbre climática y permitan ajustes periódicos basados en datos.
Las medidas gubernamentales para proteger la biodiversidad configuran un entramado donde la legislación, la economía, la ciencia y la participación social deben operar de forma
