Costa Rica ha emergido como el país en América Latina con el incremento más significativo de millonarios extranjeros residentes en la última década, de acuerdo con un reporte de la consultora Henley & Partners. Este fenómeno, motivado por un atractivo sistema tributario y la búsqueda de una calidad de vida superior, ha causado un auge en el mercado de propiedades de lujo, pero también intensifica la desigualdad y provoca tensiones sociales debido al desplazamiento de las comunidades locales en áreas de alta demanda.
Según el documento Traslado de Riqueza Privada 2025, realizado por la firma Henley & Partners, Costa Rica reportó un aumento del 72% en su cantidad de millonarios en los últimos diez años (2014-2024), posicionándose en el sexto puesto en la clasificación global. El análisis considera a un millonario como alguien que posee más de 1 millón de dólares en activos líquidos e invertibles. Se calcula que cerca de 8.400 individuos con alto patrimonio han emigrado al país y se prevé la llegada de 350 adicionales durante el año 2025.
El significativo movimiento migratorio ocurrió tras la pandemia, un acontecimiento que, según Andrés Riggioni, socio gerente de la empresa de bienes raíces de lujo The Agency Costa Rica, representó un punto de inflexión. Este «impacto pandemia» provocó una transformación en el pensamiento global de quienes tienen el capital para decidir su lugar de residencia, incentivando un auge en la edificación y adquisición de propiedades de alto standing, particularmente en áreas costeras, con bienes raíces que han multiplicado su precio en pocos años.
Entre los principales atributos que atraen a este grupo se destaca el régimen fiscal costarricense. Andrew Amoils, líder de investigación de New World Wealth, subraya que el país no aplica impuestos sobre las ganancias de capital generadas fuera de su territorio. Además, la tasa máxima del impuesto sobre la renta asciende a un 25%, considerada como relativamente baja, y no hay un impuesto sobre sucesiones. A esto se añade la llamada «visa dorada», que facilita la obtención de residencia a los extranjeros que inviertan al menos 150.000 dólares en propiedades inmobiliarias.
El perfil de los nuevos residentes es variado. Provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá, pero también de Europa y, cada vez más, de países latinoamericanos como México, Colombia o Venezuela. No solo se trata de jubilados, sino también de «semi-retirados» mayores de 40 años que supervisan sus negocios a distancia y una nueva ola de criptomillonarios. Un ejemplo es el pueblo costero de Santa Teresa, apodado «Silicon Beach», donde ya no quedan propiedades en primera línea de playa.
No obstante, esta afluencia considerable de inversiones ha traído consigo serios impactos en la sociedad. En la región de Guanacaste, símbolo del auge, el costo de los inmuebles se incrementó hasta un 400% entre 2017 y 2023, de acuerdo con datos del Observatorio de Turismo de la Universidad Nacional. Este aumento de precios afecta de manera directa a los residentes locales. Daniela Córdoba, experta de la Universidad de Costa Rica, menciona la formación de «enclaves de lujo» en áreas donde la pobreza es significativa, como la Región Chorotega, que presenta un 24,5% de personas viviendo en condiciones de pobreza.
Este proceso, denominado gentrificación, resulta en el desalojo de las comunidades autóctonas, incapaces de afrontar los costos de la vivienda o la comida. Se han formado agrupaciones ciudadanas que se oponen a lo que describen como una «invasión» en las áreas costeras. La experta en salud pública Isabel Muñoz Beaulieu ha destacado la contradicción de que Guanacaste posea la mayor cantidad de viviendas desocupadas en el país, mientras que uno de cada diez de sus residentes reside en asentamientos informales.
A la tensión social se suma un deterioro en la seguridad. Un informe de junio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que «el aumento de la violencia y la delincuencia podría afectar negativamente al turismo y a las entradas de inversión extranjera directa». Esta percepción es compartida por el Centro de Estudios del Turismo (CET), que considera la inseguridad como el principal riesgo para el sector.
A nivel regional, el documento de Henley & Partners indica que, aunque Costa Rica, Panamá y las Islas Caimán exhiben un incremento notable en la llegada de personas adineradas, naciones como Colombia, Brasil y Argentina han experimentado una disminución en la migración de individuos con elevado patrimonio.
