En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Mientras las autoridades locales y nacionales debaten responsabilidades, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por largas filas, recipientes improvisados y una incertidumbre creciente sobre cuándo volverá la normalidad.
Vivir sin agua: el día a día en Chillogallo
En el barrio de Chillogallo, al sur de la capital ecuatoriana, la espera por agua se ha convertido en parte de la rutina. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la vereda con un balde vacío esperando el paso de un camión cisterna, conocidos como tanqueros. Como ella, decenas de vecinos cargan botellas, ollas y hasta tachos de basura para intentar recolectar el líquido vital.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha implementado 71 camiones cisterna, cinco hidrantes móviles y varios sitios de distribución permanentes, aunque estos medios han sido insuficientes para satisfacer la demanda. La distribución inconsistente y la limitada capacidad logística han generado protestas en varios barrios. En Nueva Aurora, vecinos angustiados han recurrido a una fuente natural no tratada para obtener agua, enfrentándose a posibles riesgos de salud.
Dado que no hay vehículos apropiados, ciertos ciudadanos optan por rentar carretillas, vehículos improvisados o incluso usan bolsas de basura para transportar el agua. Tomás Chiguano, un albañil impactado por la crisis, menciona que su labor también ha sido detenida, ya que no hay agua para combinar materiales esenciales como cemento y arena.
Costos adicionales en medio del desabastecimiento
El efecto económico igualmente ha sido una constante. Los habitantes reportan que tienen que pagar entre 2 y 5 dólares por el transporte para llegar a los lugares de distribución. María Tipán, residente del área, realiza hasta ocho viajes al día para aprovisionarse. “No tenemos ni para lavar la ropa. Tengo nietos que ensucian. El agua está saliendo muy cara y nos cobrarán la tarifa completa del agua”, se queja.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta del país, María José Pinto, fue asignada para supervisar la ayuda en las áreas dañadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó sobre la ubicación de plantas móviles para purificar agua en diversos lugares estratégicos, con el respaldo de la Cruz Roja. No obstante, la ministra de Energía y líder del COE, Inés Manzano, criticó al Municipio por no ofrecer un plan de acción técnico ni mantener una comunicación adecuada.
El alcalde Muñoz, por otro lado, expresó su preocupación por la falta de representantes del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y solicitó un aumento en la colaboración institucional para resolver la crisis.
Ruta hacia la mejoría
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.
