En una decisión sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido una opinión consultiva que consolida la justicia climática como un imperativo legal en el marco del derecho internacional. Este pronunciamiento, solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y respaldado por la participación activa de 96 Estados y 11 organizaciones internacionales, marca un punto de inflexión en la lucha global contra el cambio climático. La opinión, impulsada por pequeños Estados insulares del Pacífico, establece de manera inequívoca que todos los Estados tienen la obligación jurídica de proteger el sistema climático, actuando con diligencia, cooperación y urgencia.
El cambio climático como amenaza existencial
La Corte ha definido el cambio climático como un “riesgo universal existencial”, cuyas repercusiones trascienden fronteras y afectan de forma directa a ecosistemas, economías y comunidades humanas. En su exposición, el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó con contundencia que la actividad humana es la principal responsable del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava las consecuencias del calentamiento global. Estas afirmaciones consolidan el consenso científico sobre las causas del cambio climático y refuerzan la necesidad de una respuesta global coordinada.
Este reconocimiento jurídico sobre la seriedad y el alcance transnacional del cambio climático demuestra que su tratamiento no puede basarse únicamente en el interés político o en acuerdos particulares. En su lugar, se reconoce que la conservación del ambiente es un componente esencial del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que las responsabilidades ecológicas son aplicables incluso para los Estados que no han ratificado los acuerdos climáticos multinacionales más importantes.
Obligaciones estatales y responsabilidad internacional
Uno de los aspectos más significativos del dictamen es la determinación de que los Estados tienen la obligación de prevenir daños significativos al medio ambiente, utilizando todos los recursos a su alcance y actuando con la debida diligencia. Esta obligación no es abstracta ni discrecional: implica medidas concretas y verificables para reducir emisiones, adaptarse a los impactos del cambio climático y cooperar con otras naciones, especialmente con aquellas más vulnerables.
La Corte establece que la falta de acción frente a la crisis climática no se puede excusar con la duda científica. Por el contrario, ignorar de manera consciente o no actuar frente a riesgos conocidos representa una transgresión del derecho internacional. Si ocurre un incumplimiento, el Estado pertinente debe detener su comportamiento, prevenir que se repita y compensar los daños a través de restitución o indemnización. Este enfoque fortalece la posibilidad de que la responsabilidad internacional sea demandada en cortes tanto nacionales como internacionales.
Reconocimiento a los Estados más vulnerables y a las futuras generaciones
La asesoría jurídica centra su atención de manera especial en la realidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo, cuya fragilidad ante el cambio climático es inmensa debido a su posición geográfica y contextos socioeconómicos. La CIJ identifica que estos países se enfrentan a peligros críticos, tales como el incremento del nivel del mar, que ponen en riesgo no solo su entorno natural, sino también su soberanía territorial y continuidad cultural.
Asimismo, el informe incluye un elemento ético significativo al enfatizar los derechos de las generaciones actuales y venideras. Esta perspectiva intergeneracional ensancha la dimensión de la justicia climática y refuerza su validez como un principio esencial del derecho internacional moderno.
Un avance hacia la transición energética y la acción mundial
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ representa una poderosa herramienta de presión legal y política. En un contexto donde más de 3.000 litigios climáticos están activos en unos 60 países, el pronunciamiento proporciona una base jurídica sólida para avanzar en la rendición de cuentas de los Estados frente a la emergencia ecológica.
El dictamen coincide con una etapa de transformación en el modelo energético global. Según datos recientes, la inversión en energías renovables ha superado por primera vez a la destinada a combustibles fósiles, consolidando a la energía solar y eólica como alternativas más económicas y sostenibles. Esta tendencia refuerza la viabilidad de una transición justa, que no solo combate el cambio climático, sino que también promueve el desarrollo económico, la seguridad energética y la creación de empleo.
Justicia climática: de demanda ética a obligación legal
Con esta histórica opinión consultiva, la justicia climática deja de ser una aspiración moral o una consigna política para convertirse en una exigencia legal. La Corte Internacional de Justicia ha delineado un nuevo estándar jurídico que obliga a los Estados a actuar de forma responsable, colaborativa y eficaz. El camino hacia un futuro climático justo y sostenible ha sido trazado con claridad. Ahora, la responsabilidad recae en los gobiernos, las instituciones y las sociedades para cumplir con ese mandato y garantizar un planeta habitable para todos.
